El gobierno de Axel Kicillof avanzará con una multa de hasta 1.815 millones contra Mercado Libre en caso de que la plataforma del empresario fetiche de Javier Milei, Marcos Galperín, no elimine una serie de cláusulas que se advierten como “abusivas” en contratos de adhesión y que atentarían contra la Ley de Defensa del Consumidor.
El Ministerio de Producción, a cargo de Augusto Costa, abrió una actuación de oficio en la que analizó las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”, así como los términos y condiciones de préstamos personales y de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago.
En la Provincia aclararon que la fiscalización se inició independientemente de la avalancha de denuncias individuales que, en jurisdicción bonaerense, alcanzan las 2.396 presentaciones sólo en los primeros cuatro meses de 2026, lo que coloca a Mercado Libre como la empresa con más reclamos en la provincia.
Del análisis realizado, en el ministerio de Augusto Costa advirtieron que se identificaron más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, que consagran “un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores”.
Los puntos observados tienen que ver con la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales, el traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta y la compensación entre cuentas.
También, se efectuaron alertas por la cláusula de indemnidad a favor del proveedor, exoneración de responsabilidad por fallas técnicas, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado, exención de responsabilidad de manera anticipada y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor.
Frente a eso, en el gobierno de Kicillof adelantaron que si Mercado Libre no formula una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas, puede ser sancionada con una multa de hasta 1.815 millones de pesos.
Por lo pronto, la empresa de Galperín -radicado desde 2019 en Uruguay- tiene un plazo de cinco días hábiles “para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en La Plata”.
