Hay intendentes que gobiernan con diálogo. Hay otros que gobiernan con mayorías. Y después está la categoría del “si el Concejo Deliberante tarda, firmo un decreto y seguimos”. Es una especie de democracia exprés: discutir lleva tiempo, decretar lleva tinta.
La decisión del intendente Marcelo Matzkin de habilitar por decreto el relleno sanitario regional de Qualitá deja una pregunta incómoda: ¿si el proyecto era tan bueno para Zárate, por qué evitar el debate político y la consulta social?
Porque el problema ya dejó de ser la basura. El verdadero residuo que quedó flotando es el institucional.
Resulta llamativo que un proyecto que podría modificar el perfil ambiental del distrito durante décadas haya terminado resolviéndose con una firma, mientras el Concejo Deliberante todavía analizaba la documentación. La explicación oficial fue sencilla: “La Provincia ya autorizó”. Traducido al castellano político: “¿Para qué esperar a los concejales si ya tengo la lapicera?”.
Es una lógica peligrosa. Porque si el argumento es que la Provincia ya decidió, entonces el Concejo Deliberante pasa a ser un adorno arquitectónico con aire acondicionado. Y si ese fuera el caso, alguien debería avisarle a los vecinos para que dejen de votar concejales.
Lo curioso es que el mismo intendente que el viernes justificaba la decisión apoyándose en ordenanzas vigentes, el lunes firmó un decreto sosteniendo que esas mismas ordenanzas carecían de operatividad jurídica. Un fenómeno extraordinario de la física municipal: las normas tienen una vida útil de 72 horas.
Ni “la magia de la televisión” imaginó una ordenanza que estuviera vigente y derogada al mismo tiempo.
Pero las contradicciones no terminan ahí.
Durante meses se explicó que el relleno sanitario municipal (Predio de Concaro) no podía seguir funcionando porque no tenía determinado certificado tecnológico. Sin embargo, ese mismo relleno había operado durante dos años sin que existiera ninguna clausura administrativa ni judicial. Se abandonó, se empezó a pagar alrededor de 200 millones de pesos mensuales para llevar la basura a San Nicolás (a un predio no habilitado) y ahora aparece un emprendimiento privado… exactamente sobre la misma parcela, construido con la misma tecnología, las mismas membranas, la misma bentonita, la misma tosca y, según la documentación conocida, incluso con menor superficie impermeabilizada disponible que el relleno municipal.
Es decir, lo que ayer parecía técnicamente inviable hoy se convierte en la gran solución… siempre que cambie el dueño de la caja registradora.
La pregunta es inevitable: ¿el problema era la tecnología o quién cobraba por usarla?
Mientras tanto, Zárate pasa de administrar su propia disposición final a pagar por tonelada a una empresa privada cuyo incentivo económico, naturalmente, consiste en recibir cada vez más residuos. No menos.
Es un modelo que parece chocar con el espíritu de la Ley Provincial 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que apunta justamente a reducir, reutilizar y reciclar. En Zárate el reciclado ronda menos del 1%. Pero en lugar de discutir cómo disminuir la basura, la discusión parece concentrarse en cómo recibir más.
Negocio redondo. Basura garantizada. Y si además llegan residuos de otros municipios, mejor todavía.
Porque otra de las preguntas que nadie respondió con claridad es por qué Zárate debe transformarse en el receptor regional de residuos cuando existen municipios vecinos que ni siquiera forman parte del esquema propuesto. La “regionalización” parece tener un GPS bastante selectivo.
No deja de llamar la atención que Campana sí, pero otros distritos cercanos no.
Otro dato curioso, es que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Campana sanciono la Ordenanza 7814 en el mes de mayo para que la recolección y disposición final de residuos este a cargo de CEAMSE hasta diciembre de 2027. Entonces, ¿Por qué se incluye a Campana en el Decreto si la ciudad ya cuenta con la solución a sus residuos? ¿Acaso hay algo mas que no nos está contando el intendente?
¿Será una decisión técnica?
¿O una regionalización con beneficios geográficamente convenientes?
A esto se suma otro punto delicado: los documentos conocidos indican que el permiso tecnológico otorgado al emprendimiento abarcaría categorías de residuos que exceden los Residuos Sólidos Urbanos e incluyen materiales industriales como lodos, residuos con metales pesados y desechos provenientes de actividades industriales. Ese aspecto merece una explicación pública precisa y transparente, porque la preocupación vecinal no parece limitarse únicamente a las bolsas negras de los domicilios.
También preocupa el impacto vial. Más camiones. Más tránsito pesado. Mayor deterioro de rutas y caminos. Mayor riesgo en el cruce de las rutas 193 y 9. Y, según advierten distintos sectores, una probable proliferación de microbasurales sobre los accesos.
Todo esto, además, muy cerca de sectores donde el propio municipio aprobó desarrollos urbanos y barrios en expansión.
Una planificación curiosa: primero autorizamos viviendas; después les ponemos un relleno regional cerca.
Como mínimo, el orden de los factores genera dudas.
Pero probablemente lo más grave no sea el relleno.
Ni Qualitá.
Ni siquiera la basura.
Lo verdaderamente preocupante es el precedente institucional.
Cuando un intendente reemplaza el debate político y social por un decreto en un tema de semejante impacto ambiental, económico y social, el mensaje es claro: discutir es una molestia.
Y la democracia empieza a convertirse en un trámite administrativo.
Porque las mayorías legislativas pueden gustar o no. Los debates pueden ser largos. Las sesiones pueden ser tediosas.
Pero para eso existen los Concejos Deliberantes.
Si cada vez que una discusión se complica aparece un decreto salvador, la pregunta deja de ser qué hacemos con la basura.
La verdadera pregunta pasa a ser qué hacemos con las instituciones. Y esa, lamentablemente, no entra en ninguna celda impermeabilizada.
