El Gobierno anunció la adjudicación de la Hidrovía y presentó el cierre del proceso como un “éxito”, pese a las graves irregularidades y cuestionamientos que atravesaron la licitación de una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio exterior argentino, de las que dio cuenta Ámbito desde antes de la apertura de los primeros sobres.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC y adjudicó el contrato a la firma Jan de Nul-Servimagnus, que, según el Ejecutivo, presentó la mejor oferta. La belga tiene como socio local y “pantalla” al Grupo Román, del magnate Ricardo Román y cuyas negociaciones llevó adelante su hijo Leonardo.
La decisión se conoce en medio de fuertes cuestionamientos al proceso licitatorio. Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales advirtió sobre posibles irregularidades en el pliego, entre ellas un presunto direccionamiento a favor del consorcio ganador, conflictos de interés dentro del comité evaluador, una tarifa mínima de peaje que habría condicionado las ofertas (impulsando un empate entre los valores, algo nunca visto) y sospechas de costos inflados en el esquema de dragado y balizamiento que serán cedidos al tándem Elías-Ondarcuhu.
Entre los puntos más sensibles, el informe señaló que el sistema de evaluación habría favorecido a Jan de Nul-Servimagnus frente a otros competidores, mientras que también cuestionó el costo de u$s10 millones exigido para presentar impugnaciones contra el Comote Evaluador que tenía a uno de sus integrantes en un doble rol que favoreció a Jan de Nul y su puntuación en este proceso. Además, apuntó contra la fórmula del “precio mínimo”, al considerar que pudo haber limitado la competencia real y derivar en un contrato con sobrecostos durante la concesión.
La administración de Javier Milei sostuvo que la privatización permitirá abrir “una nueva era de inversión privada” en la vía por la que circula cerca del 80% del comercio exterior del país. En esa línea, señaló que el Estado conservará el rol de autoridad de control, aunque sin intervención directa en la gestión. La privatización que tuvo como gestor entre las sombras a Santiago Caputo y denuncias de dos empresas participantes será por 25 años prorrogables.
El Gobierno defendió el proceso licitatorio y prometió una baja de costos
En el comunicado que hace caso omiso a las denuncias, Economía aseguró que el cierre del proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes y afirmó que esa situación convalidó los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación pública. Impugnar cada etapa tenía un costo de u$s 10 millones no reembolsables.
Además, el Gobierno indicó que la firma del contrato, prevista para un plazo máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y dará inicio a obras de profundización, incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y medidas destinadas al combate del narcotráfico. Sin embargo, una de las contendientes DEME NV advirtió que el precio base establecido por el Gobierno ya generaba un sobre costo logístico para el flete del 17%. Y que ese valor era, incluso, superior a la licitación dada de baja por el mismo Ejecutivo hasta hace tan solo un año.
Según el texto oficial, las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, lo que generaría un mayor ahorro, una expansión de la frontera productiva y una mejora en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos.
El ministerio también destacó que el proceso contó con respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Todas declinaron hacer observaciones sobre la serie de denuncias que atravesaron el proceso.
A su vez, el comunicado señaló que gobiernos provinciales como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones manifestaron satisfacción por la conclusión de la licitación, al considerar que se mantuvieron criterios de transparencia pública y estándares técnicos auditados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Aquí hay otra controversia: dos empresas acudieron a Naciones Unidas porque sospechan que los avales brindados por ese organismo supranacional fueron adulterados, lo cual lleva a un escándalo de proporciones internacionales.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tiene abierta una investigación judicial sobre esta licitación que concitó los ojos de los Estados Unidos por los posibles vínculos de Román con empresas chinas; fue objeto de denuncias cruzadas en la justicia por una deuda que Jan de Nul le reclama al Estado; y la solicitud de DEME para que el Ejecutivo declare de interés la privatización con una oferta del 17% inferior al valor del peaje que se considera en condiciones de ofertar para abaratar costos.
Tal como se preveía el Gobierno de Javier Milei hizo caso omiso a los reclamos y anunció el cierre del proceso, lo que no despeja las dudas de un direccionamiento de la licitación a partir de la redacción de un pliego a medida del gigante belga que este diario puso de relieve antes de que todo el proceso de puntajes le diera la ventaja definitiva que los dejó al frente.
