El pasado martes el Secretario de Seguridad Municipal, Juan Manuel Iglesias se presentó en el Concejo Deliberante donde brindó un informe sobre su gestión y respondió en relación a las últimas polémicas que giran entorno al COZ. Precisamente sobre el hijo del subsecretario de seguridad, Alejandro Ferreyra, quien integraba una banda delictiva. Sin embargo el Concejal del bloque “Ahora Zárate”, Lautaro Fenestraz, afirmó que se quedó “con más dudas que certezas” por lo que en las últimas horas presentó un pedido de informe dirigido al Ejecutivo Municipal.
En su presentación Fenestraz precisó que Iglesias “informó la existencia de tres situaciones, denuncias o antecedentes vinculados al Subsecretario de Prevención y Seguridad actualmente desafectado preventivamente según decreto 185/26 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 26/05/2026, que se desempeñaba dentro de la estructura jerárquica de la Secretaría de Protección Ciudadana”.
Según pudo averiguar este medio, una de las denuncias contra Alejandro Ferreyra, es por violencia de género radicada en el mes de abril pasado por una empleada municipal. En dicha denuncia realizada en la UFI N° 1 Zárate-Campana a cargo del Fiscal Dr. Alejandro Irigoyen, la mujer de 45 años, que se desempeñaba bajo la estructura de la Secretaría de Protección Ciudadana Municipal declaró que Ferreyra la acosaba en el ámbito laboral y que la maltrataba con comentarios despectivos hacia su físico luego de que ella rechazara una invitación del funcionario para tener “una cena a la luz de las velas”.
Tras una reunión que la denunciante mantuvo con el intendente Marcelo Matzkin y ATE, la trabajadora fue reasignada a otra área por pedido de ella. Ferreyra había continuado en su cargo hasta el descubrimiento de la noticia que relaciona a su hijo con una banda delictiva, motivo por el que fue aparatado preventivamente de su cargo mientras se desarrolla la investigación judicial.
LAS PREGUNTAS:
En el pedido de informe del concejal opositor se precisaron las siguiente preguntas para que responda el Ejecutivo Municipal.
a) Cuáles son las tres situaciones, denuncias o antecedentes a los que hizo referencia el Secretario de Protección Ciudadana durante reuniones de la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo Deliberante.
b) En qué fechas tomó conocimiento el Municipio de cada una de dichas situaciones.
c) Qué dependencias municipales intervinieron en cada caso.
d) Si intervino la Oficina de Género Municipal, detallando actuaciones realizadas y medidas adoptadas.
e) Si intervino la Dirección de Recursos Humanos o dependencia equivalente, indicando actuaciones administrativas realizadas.
f) Si se iniciaron investigaciones internas, sumarios administrativos o procedimientos disciplinarios relacionados con los hechos informados.
g) Si se adoptaron medidas preventivas o de protección respecto de trabajadores municipales eventualmente involucrados.
h) Si se dispusieron cambios de funciones, destinos, dependencias, horarios o cualquier otra medida administrativa vinculada a las situaciones informadas.
i) Si existieron presentaciones sindicales, reclamos internos, notas, denuncias o comunicaciones vinculadas a los hechos informados.
j) Si se activaron mecanismos previstos por la Ley Nacional N.º 26.485, la Ley Nacional N.º 27.499 (Ley Micaela), la normativa provincial vigente o protocolos municipales aplicables.
k) Si las personas que tuvieron intervención jerárquica en los casos informados habían cumplido con las capacitaciones obligatorias previstas por la Ley Micaela.
l) Si el Municipio posee protocolos específicos para el abordaje de situaciones de violencia laboral, violencia de género, hostigamiento o abuso de autoridad dentro de la administración municipal.
m) Si se encuentra vigente algún protocolo específico para denuncias que involucren a funcionarios con personal a cargo y cuáles son las medidas preventivas, cautelares o de protección previstas para evitar situaciones de revictimización, hostigamiento o eventuales represalias laborales.
n) Si a partir de las situaciones informadas se realizaron auditorías, evaluaciones institucionales, recomendaciones o modificaciones de procedimientos internos.
