EDITORIAL:
En política suele ocurrir algo bastante simple de entender: cuando un funcionario se va después de acumular críticas, conflictos y desgaste, la sociedad espera que quien llegue lo haga mejor. No pide milagros. Apenas que los problemas empiecen a solucionarse.
Sin embargo, en la Secretaría de Gobierno de Zárate parece estar ocurriendo algo distinto. Como dice el viejo refrán: salimos de Guatemala para entrar en “Guatepeor”.
La salida de Ignacio Suárez Ogallar fue presentada como el cierre de una etapa marcada por tensiones internas, cuestionamientos y una relación cada vez más compleja con distintos sectores. La llegada de Marcelo Torres, desembarcado desde La Plata y exhibido como una muestra de la “pluralidad” que pregona la gestión de Marcelo Matzkin, prometía aire fresco, diálogo y una nueva forma de gestionar. Sin embargo, en el ambiente político local siempre se leyó su desembarco con una finalidad adicional: proyectar influencia sobre una oposición peronista fragmentada y en permanente proceso de reordenamiento. Porque en política, muchas veces los funcionarios no llegan solamente para administrar expedientes; algunos también aterrizan con la misión de mover piezas en el tablero electoral.
Pero a poco de andar, el entusiasmo parece haberse evaporado más rápido que las promesas de campaña.
Lejos de convertirse en el área que coordina, ordena y articula la gestión municipal, son cada vez más las voces que describen una Secretaría de Gobierno que interviene en temas ajenos, acumula conflictos y genera tensiones con otras áreas del Ejecutivo. Y cuando la oficina que debería apagar incendios empieza a repartir fósforos, el resultado suele ser previsible.
La situación no termina allí. Mientras puertas adentro del municipio crecen los cortocircuitos, puertas afuera tampoco abundan las buenas noticias.
El eterno conflicto por el silo de Lima sigue sin resolución. Comerciantes denuncian demoras burocráticas, trámites interminables y exigencias que parecen multiplicarse más rápido que las soluciones. La actividad nocturna continúa generando preocupación por la falta de controles efectivos, mientras las fiestas clandestinas siguen apareciendo en la agenda pública cada vez que ocurre una tragedia o un episodio lamentable y los comercios céntricos siguen sufriendo la burocracia y las bajas ventas.
Lo paradójico es que en algunos casos pareciera existir una doble vara. Hay lugares sin habilitación o bajo observación que reciben visitas y hasta publicaciones en redes sociales de funcionarios municipales. Como mínimo, una señal contradictoria para quienes deben cumplir cada requisito para poder trabajar.
A esto se suman versiones que circulan con insistencia sobre nombramientos dentro de la estructura de Gobierno. Se menciona la incorporación de más de una veintena de personas bajo la órbita directa del secretario, entre ellas estaría el hijo del propio Torres.
Pero, este no sería la única designación vinculada a relaciones personales dentro del “equipo de Torres”. También habría un nombramiento como Jefe en el área de Comercio a la pareja de la subsecretaria de gobierno, Marianela Domínguez.
Naturalmente, toda designación puede tener una explicación administrativa o política. El problema aparece cuando esas explicaciones no llegan. Porque cuando faltan respuestas, sobran las sospechas. Y ahí es donde la transparencia se desdibuja.
Lo más llamativo es que la gestión parece repetir un libreto conocido. Antes el problema eran los conflictos que generaba un funcionario. Hoy las críticas apuntan al reemplazante. Cambian los nombres, pero los cuestionamientos siguen ocupando el mismo escritorio.
Por eso la discusión ya no debería centrarse en quién ocupa la Secretaría de Gobierno. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿está cumpliendo el área la función para la cual fue creada?
Porque una Secretaría de Gobierno debe coordinar, facilitar y resolver. No competir, superponerse o convertirse en un nuevo foco de conflicto.
