Hay fallos que pasan desapercibidos. Y hay otros que, sin hacer ruido, dicen mucho más de lo que parece. El del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2023 de la Municipalidad de Zárate pertenece a este segundo grupo: técnico en su forma, pero profundamente político en sus implicancias.
Porque no estamos ante una simple revisión administrativa. El Tribunal aprobó las cuentas, sí, pero al mismo tiempo aplicó multas concretas a funcionarios responsables. Y eso cambia el eje: no es sólo cómo se gastó, sino cómo se gestionó.
📊 El dato incómodo: hubo sanciones
El fallo establece sanciones económicas —multas— que deben ser abonadas en un plazo de 90 días. No son simbólicas: se aplican por incumplimientos legales y administrativos verificables, como errores contables, falta de documentación, deficiencias en el control del gasto y fallas en la ejecución de obras públicas.
Es decir, no se sanciona una decisión política, sino la mala calidad de su implementación.
🧾 Los hechos: cuando los números no cierran
El documento detalla situaciones difíciles de relativizar:
- Errores de contabilización que impiden reflejar con claridad el estado financiero real
- Diferencias millonarias en bienes adquiridos y no entregados
- Obras públicas sin cierre administrativo o sin ejecución completa
- Anticipos financieros sin recuperación de intereses
- Más de $8.200 millones en créditos sin detalle suficiente
Nada de esto es ideológico. Es técnico. Pero el impacto es político.
Porque cuando el Estado no puede explicar con precisión qué hizo con el dinero, el problema deja de ser contable y pasa a ser de confianza pública.
🧑⚖️ Las responsabilidades: quién firma, responde
El fallo no se limita a señalar errores: identifica responsabilidades.
🔵 Osvaldo Cáffaro
Como intendente durante la mayor parte del ejercicio 2023, su responsabilidad es directa sobre la ejecución del gasto y la toma de decisiones. Firmó actos administrativos, autorizó pagos y formó parte del circuito que hoy el Tribunal observa.
👉 Traducción simple: fue quien condujo la gestión donde ocurrieron las irregularidades.
🔵 Marcelo Matzkin
Asumió en diciembre y ayer sostuvo públicamente que no tiene responsabilidad porque llevaba poco tiempo en el cargo. El argumento suena razonable… hasta que se lo contrasta con el propio fallo.
El Tribunal lo incluye expresamente por su rol en el cierre del ejercicio, la validación de la información contable y la presentación de descargos. Y esto no es un detalle menor.
Porque la normativa es clara:
👉 quien está a cargo al momento de rendir cuentas responde por lo que presenta, por lo que valida y por lo que no corrige.
En otras palabras:
No se le atribuye el origen de los hechos, pero sí la responsabilidad institucional de explicarlos y, en caso de inconsistencias, subsanarlos.
👉 Traducción política:
decir “yo recién llegaba” puede servir en una conferencia de prensa, pero no alcanza frente a un órgano de control que evalúa responsabilidades administrativas concretas.
🟡 Funcionarios intermedios
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Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura – Sr. Alejandro Alberto CIMIOTTA (Gestión Cáffaro)
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Sr. Agostinelli, Sergio Ricardo – Secretario de Servicios Públicos (Gestión Matzkin)
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Secretario desarrollo Humano y Promoción Social – Sr. Julián Alberto GARCÍA (Gestión Cáffaro)
- Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social – Sr. Iván Rodrigo GOMEZ GEREZ – (Gestión Matzkin)
- Secretario de Gobierno, Secretario de Seguridad Ciudadana – Sr. Juan Manuel ARROQUIGARAY – (Gestión Cáffaro)
- Secretario de Gobierno – Sr. Ignacio Jerónimo SUAREZ OGALLAR – (Gestión Matzkin)
Aparecen en el fallo porque intervinieron en expedientes específicos:
- firmaron documentación
- participaron en procesos administrativos
- validaron información contable o financiera
En la mayoría de los casos, su responsabilidad es funcional, no política. Pero eso no los exime: forman parte del sistema que permitió que estas irregularidades existieran.
👉 Son el engranaje. Y cuando el engranaje falla, el sistema también.
💰 ¿Cuánto deben pagar?
El fallo establece multas individuales para los funcionarios responsables, conforme al artículo 16 de la Ley 10.869, con un plazo de 90 días para su pago.
👉 El dato central no es solo el monto —que figura detallado en la parte resolutiva— sino el motivo:
incumplimientos concretos en el ejercicio de la función pública.
🧠 La lectura política (y un poco de ironía)
Durante años, la rendición de cuentas fue presentada como un trámite técnico, casi automático. Un expediente más.
Este fallo demuestra lo contrario.
Porque cuando aparecen multas, cuando se detectan errores reiterados, cuando faltan explicaciones… ya no estamos ante una planilla de Excel mal cargada.
Estamos ante algo más simple y más complejo a la vez:
👉 una gestión que no logró sostener estándares básicos de control sobre el dinero público.
Y ahí aparece la ironía inevitable:
Se pueden inaugurar obras, anunciar programas y hacer discursos.
Pero al final del día, lo que queda registrado —y lo que se sanciona— es si los números cierran y si los procesos se hicieron bien.
Spoiler: en este caso, no del todo.
✔️ Conclusión
El Tribunal no habló de corrupción.
Pero tampoco habló de normalidad. Ni de transparencia.
Habló de errores, inconsistencias y responsabilidades.
Y los acompañó con multas.
Y también dejó algo claro, aunque no lo diga en tono político:
👉 La responsabilidad institucional no empieza cuando conviene… ni termina cuando incómoda.
Porque gobernar no es solo ejecutar.
También es rendir cuentas.
Y en este caso, las cuentas se rindieron… pero con saldo en contra.
