Por. Prof. Jorge Cirio
En los últimos años ha habido un deterioro sin precedentes de la
Democracia liberal, tanto en lo político como en lo económico. Se han
adoptado de forma reiterada medidas que debilitan la institucionalidad
democrática, la división de poderes y las libertades individuales.
Las ultraderechas, que llegaron al poder a través del voto popular, buscan
reformar leyes para instaurar modelos neoliberales y conservadores,
priorizando la desregulación económica, la limitación o directamente la
supresión de los derechos sociales adquiridos, la reducción hasta la
aniquilación del Estado, la privatización de las empresas estatales y la
resistencia o eliminación de las políticas de género.
Además promueven el aumento del poder represivo, limitando la protesta
social, criminalizando las manifestaciones públicas, construyendo
discursos en las redes sociales que presentan los derechos conquistados
como privilegios de élites, buscando el apoyo popular para su eliminación.
Asimismo imponen modelos en los países periféricos, como el
extrastivismo, que es un sistema económico basado en la extracción
masiva de recursos naturales (minerales, petróleo, gas, productos
agrícolas) para exportarlos como materias primas sin procesar, y
venderlos en el mercado internacional, provocando impactos ambientales
y sociales en los territorios explotados. Así también, la flexibilización de
normas ambientales y las políticas antimigratorias.
Las nuevas ultraderechas operan con un reportorio que tiende a
universalizarse; se nutren de los efectos de la recesión global, del colapso
de los Estados de Bienestar, del resentimiento de las clases medias
empobrecidas y de las promesas incumplidas por las Democracias liberales
y los gobiernos progresistas. Su retórica se basa en la polarización extrema
(ante la presencia del enemigo político), el odio y la deshumanización.
Todos mecanismos que no permiten la posibilidad del disenso y lo
reemplazan por una lógica de aniquilación simbólica del adversario.
Dichos discursos incentivan el odio contra periodistas, migrantes y
diversidades sexuales.
Esta clase de gobiernos se vuelven autoritarios cuando vacían de
contenido el sistema Representativo y Republicano, debilitando las
instituciones que deberían actuar de contrapeso, utilizando el aparato del
Estado para consolidar un modelo de exclusión social, eliminando
derechos sociales e individuales y naturalizando la desigualdad: “Quienes
no tienen derechos, es porque no se esforzaron lo suficiente”.
Por otra parte, estas administraciones de ultraderechas consideran que
los Tribunales, el Parlamento y las Instituciones independientes son
obstáculos que frenan las iniciativas gubernamentales. Arremeten contra
las leyes relacionadas con la igualdad de género y los derechos de las
minorías. Además son negacionanistas acerca de la crisis climática y de la
contaminación ambiental.
Por último, quieren debilitar e inclusive destruir al Estado, como garante
de los derechos sociales, haciendo recortes que implican más aumento de
las desigualdades sociales, de la pobreza y una afectación directa sobre la
calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.
