Ambientalistas cuestionan una ordenanza que ingresó hoy al Concejo Deliberante y advierten sobre posibles impactos ambientales, falta de debate público y beneficios para empresas privadas.
Una fuerte controversia comienza a instalarse en la agenda pública de Zárate luego de que organizaciones ambientalistas y vecinos expresaran su rechazo a un proyecto de ordenanza que buscaría habilitar la disposición final de residuos sólidos urbanos provenientes de otros distritos en territorio zarateño.
Según denuncian referentes ambientales locales, la aprobación de este proyecto, habilitaría que los residuos de Campana, Exaltación de la Cruz y Baradero, se arrojen en Zárate, modificando un esquema que históricamente limitaba el ingreso de basura generada fuera del distrito.
La discusión excede lo ambiental. También abre interrogantes políticos, económicos y sociales sobre el modelo de gestión que impulsa el municipio y sobre el futuro perfil productivo y ambiental de la ciudad.
El trasfondo económico de un negocio millonario
Las críticas apuntan a una decisión que, según sostienen los denunciantes, comenzó a gestarse desde el inicio de la actual gestión municipal.
Desde diciembre de 2023, los residuos de Zárate son trasladados para su disposición final a San Nicolás, una operatoria que implica importantes costos logísticos y económicos para las arcas municipales.
En ese contexto, el municipio argumentaría que convertirse en “municipio anfitrión” permitiría reducir esos gastos mediante la instalación de un esquema regional de tratamiento y disposición de residuos.
Sin embargo, para los sectores que rechazan la iniciativa, detrás de ese planteo existe un negocio de gran escala que favorecería a operadores privados mientras concentra en Zárate los impactos ambientales derivados de la recepción de residuos de varias ciudades.
La pregunta de fondo es sencilla pero incómoda: ¿la reducción de costos justifica que una comunidad absorba riesgos ambientales adicionales para resolver un problema regional?
Una decisión sin respaldo social
El proyecto parece enfrentarse a un problema central: la desconexión entre la decisión política y el sentir de la comunidad.
Las organizaciones ambientalistas afirman que no existe “licencia social” para una medida de semejante magnitud y cuestionan que el debate avance sin instancias amplias de participación ciudadana.
Las irregularidades que denuncian los ambientalistas
Entre los cuestionamientos planteados por las organizaciones ambientales aparece la presunta ausencia de exigencias vinculadas al cumplimiento de la Ley Provincial N.º 11.723, considerada una de las normas marco en materia ambiental en la provincia de Buenos Aires.
Los denunciantes sostienen que el proyecto no exigiría de manera explícita la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sometido a consulta pública, una instancia que consideran indispensable antes de avanzar con cualquier habilitación.
También advierten sobre la necesidad de evaluar posibles efectos sobre barrios cercanos, como La Florida, ubicado a aproximadamente un kilómetro del predio donde se desarrollarían las actividades.
Otro de los puntos observados es la supuesta falta de exigencia de la Licencia de Emisiones Gaseosas (LEGA), contemplada por la normativa provincial vigente para determinadas actividades.
¿Desarrollo o zona de sacrificio?
La expresión “zona de sacrificio” comenzó a ganar fuerza entre los sectores que rechazan el proyecto.
El término suele utilizarse para describir territorios donde comunidades enteras terminan soportando cargas ambientales desproporcionadas en beneficio de actividades económicas o necesidades regionales.
¿Está Zárate ante una oportunidad para reducir costos y consolidar infraestructura regional o frente a una decisión que podría aumentar la presión ambiental sobre la ciudad?
La respuesta probablemente no se encuentre únicamente en el recinto del Concejo Deliberante.
Un debate que recién comienza
Mientras el proyecto comienza su recorrido institucional, organizaciones ambientalistas ya anticipan acciones de difusión, campañas de concientización y pedidos de participación ciudadana para evitar que la iniciativa avance sin discusión pública.
Lo que parecía una ordenanza administrativa podría transformarse en uno de los debates políticos y ambientales más relevantes de los últimos años en Zárate.
Cualquier decisión vinculada al tratamiento de residuos promete generar mucho más que una votación legislativa.
