Una cuadra, demasiada política
El traslado del Registro de las Personas en Lima expuso algo más que un cambio de dirección: dejó al descubierto contradicciones, operaciones discursivas y una dirigencia más preocupada por la narrativa que por el servicio.
En Lima no se cerró un registro. No se eliminó un servicio. No se dejó a los vecinos sin acceso a derechos básicos. El Registro de las Personas se mudó a poco más de cien metros de donde estaba. Una cuadra. Ni más ni menos.
Sin embargo, en ese breve trayecto urbano —que cualquier limeño puede recorrer en minutos— se desató un conflicto político que, por momentos, parece desproporcionado incluso para los estándares actuales de la discusión pública.
La secuencia es, como mínimo, curiosa.
Primero, el anuncio: una nueva sede para el Registro, con una mejora concreta —la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan casarse en su propia ciudad—, sin la necesidad que ningún empleado o empleada tenga que ceder su espacio de trabajo para que pueda celebrarse la unión civil, ya que la sala de matrimonios de la Delegación municipal era requerida por Bromatología. Luego, la reacción: cuestionamientos en redes sociales por parte de la diputada provincial Natalia Blanco, quien denunció que la nueva oficina funcionaría en un “garaje”. El problema no es la crítica —siempre válida en democracia— sino el insumo: la imagen utilizada no correspondía al lugar real. Un error evidente para cualquier vecino de Lima. Sin profundizar en exponer la imagen de una propiedad privada con falsas acusaciones.
Conviene agregar un detalle que no es menor: la imagen difundida no fue más que una captura de Google Maps. Ni relevamiento propio, ni visita al lugar, ni contraste de información. Una postal digital convertida en argumento político. Porque, al parecer, entre Lima y ciertos despachos, no solo hay una cuadra: hay también una distancia física que ni el intendente ni la diputada se tomaron el trabajo de acortar para explicar —in situ— aquello que denunciaban con tanta convicción desde la virtualidad. La dirección es errónea, como así también la argumentación.
Pero la política local decidió no detenerse en ese detalle.
A la publicación se sumó el intendente Marcelo Matzkin, quien también eligió el terreno de la descalificación, hablando de “retroceso” y reforzando una narrativa negativa sobre el traslado. Lo llamativo no es solo el tono, sino la falta de consistencia interna: días antes, el propio Secretario de Lima, Guillermo Rojas, había celebrado la apertura del nuevo espacio. Más aún: trabajadores municipales colaboraron activamente con la mudanza.
Es decir, mientras una parte del gobierno acompaña el proceso en los hechos, otra lo cuestiona en el plano discursivo.
Una disonancia difícil de explicar sin recurrir a la lógica política más clásica: la necesidad de fijar posición, aun cuando los hechos propios indiquen lo contrario.
Ahora bien, tanto el intendente como la diputada sí ensayaron un argumento: cuestionaron que el nuevo Registro funcione en un inmueble privado. Un planteo que, en abstracto, podría abrir un debate legítimo. El problema es que ese argumento omite varios datos relevantes.
Primero, el estado del edificio anterior. Porque allí donde hoy se invoca la defensa de lo público, lo que había —según múltiples testimonios— era un inmueble con serias deficiencias estructurales: techos que cedían, filtraciones constantes y documentación expuesta a la humedad. Es decir, no un símbolo de lo estatal en su mejor versión, sino más bien un ejemplo bastante gráfico de su deterioro.
Segundo, la modalidad del nuevo espacio: el inmueble no implica erogación ni alquiler, sino que funciona bajo un comodato. Y aquí aparece otro dato que la discusión pública decidió pasar por alto: la propiedad fue cedida por una vecina con un nivel de pertenencia difícil de poner en duda. Tan limeña que, incluso, fue quien creó la bandera de la ciudad.
En ese contexto, la dicotomía “público vs. privado” pierde algo de dramatismo y gana matices que la discusión política, curiosamente, eligió ignorar.
Tercero, y quizás más incómodo aún: el criterio no parece aplicarse de manera uniforme. Porque en la misma Lima, enfrente del nuevo registro de las personas, funciona una dependencia de PAMI en un inmueble privado por el cual, además, se abona un alquiler. Sin embargo, ese dato no parece despertar el mismo nivel de preocupación, ni generar posteos indignados, ni abrir debates sobre el “retroceso”.
Tal vez no se trate entonces del carácter privado del inmueble, sino de la oportunidad política de señalarlo. O, dicho en términos más directos: las miradas críticas, como los argumentos, parecen activarse de manera selectiva.
La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: ¿la discusión es sobre la titularidad del inmueble o sobre la calidad real del servicio que se brindaba?
La discusión que no fue
El debate, si se lo quiere elevar, podría haber girado en torno a cuestiones razonables: condiciones edilicias, accesibilidad, seguridad documental, continuidad del servicio. De hecho, eso es lo que plantean —al menos formalmente— los expedientes presentados en el Honorable Concejo Deliberante.
Por un lado, se solicitó información sobre los fundamentos del traslado, el carácter del inmueble y las condiciones de funcionamiento.
Por otro, se expresó “preocupación institucional” por el cambio a un inmueble privado y se pidió garantizar estándares adecuados para la prestación del servicio.
Hasta ahí, el funcionamiento institucional parece correcto.
Asimismo, se ha puesto en duda el “manejo de la información”, cuando el Registro ha funcionado históricamente dentro de dependencias municipales compartidas con otras áreas. En la oficina anterior existía incluso una puerta interna que conectaba directamente con otra oficina municipal, con circulación permanente de funcionarios de distintas gestiones y sin barreras reales de acceso a datos sensibles de los ciudadanos que hoy dicen proteger.
Es decir, el estándar que hoy se invoca como preocupación no solo no es novedoso, sino que durante años convivió con prácticas mucho más laxas sin generar objeciones públicas ni debates institucionales de esta magnitud.
Porque si el eje es la calidad del servicio, la discusión debería ser técnica. Pero si el eje es político, entonces cualquier excusa —incluso una captura de Google Maps— puede servir.
Memoria selectiva y argumentos flexibles
Hay otro elemento que complejiza aún más el cuadro: la situación del trabajador municipal afectado al Registro.
El intendente argumenta hoy que no puede permitir su desempeño en la nueva sede por cuestiones vinculadas a la cobertura de ART. Sin embargo, la documentación muestra que fue el propio Ejecutivo municipal quien gestionó y ofreció ese recurso humano para el funcionamiento del Registro, y que la Provincia autorizó formalmente su prestación de servicios.
Más aún: ese mismo trabajador se desempeñó en otra dependencia provincial —la Casa de la Provincia en Zárate— sin que surgieran objeciones de esta naturaleza.
La pregunta es inevitable: ¿cambió el riesgo laboral o cambió la conveniencia política?
Una cuadra y una vara desigual
En términos estrictos, el traslado implica una modificación menor en la geografía urbana. En términos simbólicos, se lo convirtió en un retroceso.
Se habla de “retroceso” por dejar un edificio municipal y pasar a uno privado, como si la titularidad dominial fuera, por sí sola, garantía de calidad o de eficiencia. La experiencia cotidiana de cualquier vecino demuestra que esa relación, en la práctica, es bastante más relativa. Sobre todo cuando lo “público” venía acompañado de techos que se caían y papeles que se arruinaban, y lo “privado” aparece, en este caso, como un comodato sin costo y con mejores condiciones… salvo cuando conviene mirar para otro lado y aceptar alquileres sin demasiada épica discursiva.
Mientras tanto, el nuevo Registro abrió sus puertas y atendió desde el primer día. El servicio existe, funciona y, en algunos aspectos, incluso mejora.
Pero la discusión pública parece ir por otro carril.
La política como escena
Lo que deja este episodio no es una crisis institucional ni un problema estructural en la prestación de servicios. Deja, en cambio, una postal bastante nítida de cómo se construye hoy la agenda local: con redes sociales como campo de batalla, con posicionamientos rápidos y, a veces, con escaso apego a la verificación.
También deja una pregunta incómoda: cuánto tiempo, energía y capital político se invierte en disputas de bajo impacto mientras persisten problemas más urgentes en Zárate y Lima.
Porque si una cuadra alcanza para desatar este nivel de conflicto, quizás el problema no esté en la distancia.
Sino en la necesidad —cada vez más evidente— de convertir cualquier hecho en una oportunidad de confrontación.
El Registro se mudó. Los vecinos siguen teniendo acceso. Incluso, ahora, con nuevos servicios.
El resto —las fotos de Google Maps, las visitas que nunca ocurrieron, las contradicciones internas, los discursos cruzados, los criterios selectivos y los expedientes en serie— forma parte de otra dimensión: la de una política que, a veces, parece más interesada en discutir el relato que en sostener argumentos consistentes.
Y en esa dimensión, una cuadra puede ser una eternidad.
Imágenes de la oficina donde funcionaba el Registro de las personas en la Delegación municipal de Lima
