En apenas diez días, el Ejecutivo de la Municipalidad de Zárate autorizó dos subsidios millonarios a la empresa Aguas de Zárate SAPEM. El primero, a través del Decreto Nº 104/26, por más de 146 millones de pesos para cubrir sueldos. El segundo, mediante el Decreto Nº 122/26, por otros 257 millones, esta vez bajo la figura de gastos de capital.
La cifra total supera los 400 millones de pesos en menos de dos semanas. El dato, por sí solo, ya es significativo. Pero lo verdaderamente relevante es lo que revela: un esquema de funcionamiento que depende de manera creciente —y aparentemente estructural— de la asistencia del Estado municipal.
El segundo decreto introduce un matiz técnico importante. A diferencia del primero, que apuntaba a gastos corrientes (salarios), este nuevo aporte se encuadra como inversión de capital. Es decir, en teoría, destinado a infraestructura, equipamiento o mejoras del sistema. Sin embargo, el texto no detalla con precisión el destino específico de esos fondos, lo que vuelve a abrir un interrogante central en términos de transparencia: ¿en qué se van a invertir concretamente esos más de 257 millones?
El circuito institucional también merece análisis. La operación del servicio fue delegada al ENDEZA, organismo descentralizado que concentra funciones clave en la administración del sistema. Pero al mismo tiempo, la empresa prestataria sigue siendo una SAPEM con mayoría accionaria municipal. En la práctica, el Estado local regula, recauda, controla y financia. Todo dentro de un mismo ecosistema.
Este modelo, que en su diseño busca eficiencia operativa con control público, muestra fisuras cuando necesita ser sostenido con transferencias constantes. Porque si los usuarios pagan por el servicio —como establecen las ordenanzas vigentes— y aun así la empresa requiere subsidios recurrentes, la ecuación económica no cierra. Y si no cierra, alguien cubre la diferencia: el presupuesto municipal.
Desde el punto de vista político, la simultaneidad de ambos decretos no es un dato menor. No hay, entre uno y otro, señales de corrección, ajuste o reestructuración. Por el contrario, la lógica parece ser la de responder a la urgencia con recursos públicos, sin que se explicite un plan integral que aborde el problema de fondo.
La obligación de rendición de cuentas incluida en el Decreto Nº 122/26 es un mecanismo administrativo necesario, pero insuficiente en términos de comunicación pública. La ciudadanía no solo necesita saber que los fondos se rinden: necesita entender por qué se otorgan, para qué se utilizan y cuál es la estrategia para evitar que estos aportes se vuelvan permanentes.
En un contexto donde cada peso del erario está bajo escrutinio social, la gestión de los servicios públicos exige algo más que decisiones administrativas correctas: requiere previsibilidad, claridad y coherencia.
Los Decretos Nº 104/26 y 122/26, leídos en conjunto, no solo hablan de una empresa en dificultades. Hablan, sobre todo, de un modelo que todavía no logra demostrar su sustentabilidad. Y cuando eso ocurre en un servicio esencial como el agua, la discusión deja de ser técnica para convertirse, inevitablemente, en política.
