En un contexto de fuerte retracción de fondos por parte del Gobierno nacional y tras la polémica por el envío de recursos alimentarios a las provincias, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar con un paquete de medidas para sostener y ampliar la contención social en los sectores más vulnerables.
La administración de Axel Kicillof anunció un incremento significativo en la inversión destinada a políticas alimentarias y sociales, con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación en un escenario económico adverso, marcado por la inflación y la caída del poder adquisitivo.
Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que tendrá un aumento del 30% en su presupuesto mensual. La inversión pasará de 41.000 millones a 54.000 millones de pesos, lo que permitirá sostener y ampliar la cobertura de comedores escolares en todo el territorio bonaerense. Este programa resulta clave para miles de estudiantes que dependen de estas prestaciones para garantizar una alimentación diaria adecuada.
En paralelo, la Provincia resolvió duplicar la asistencia alimentaria a los municipios mediante el refuerzo del módulo MATE, una herramienta que articula el trabajo entre gobiernos locales y organizaciones comunitarias. Esta decisión busca fortalecer la llegada directa de alimentos a los barrios, donde la demanda social se ha intensificado en los últimos meses.
Además, se dispusieron aumentos del 25% en distintos programas sociales, entre ellos Más Vida, Envión y las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), así como en políticas destinadas a personas con discapacidad y adultos mayores. Estas iniciativas constituyen una red de contención fundamental para amplios sectores de la población.
En ese marco, el Ejecutivo provincial también confirmó la suspensión del programa MESA, una medida que responde a la necesidad de reorganizar los recursos disponibles y priorizar aquellas herramientas con mayor alcance territorial y capacidad de respuesta inmediata.
Desde la gestión bonaerense sostienen que estas decisiones forman parte de una estrategia integral para “no abandonar a quienes más lo necesitan”, en contraposición con el recorte de partidas nacionales destinadas a asistencia social. En ese sentido, remarcan que la Provincia está haciendo un esfuerzo presupuestario significativo para sostener políticas públicas esenciales, incluso en un escenario de restricciones financieras.
Con estas medidas, Buenos Aires busca consolidar su rol como garante de derechos básicos, reforzando la presencia del Estado en un contexto donde la crisis económica profundiza las desigualdades y tensiona el tejido social.
