El letrado, se hace eco de la situación que atraviesan miles de familias del sector que, desde diciembre de 2023 a la actualidad, vieron cómo el recorte presupuestario en el Estado Nacional tuvo especial foco en los recursos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo impacto se trasladó al valor de las pensiones por invalidez, a las prestaciones de servicios y a los programas de salud que brindan contención a través de medicamentos.
Los motivos de la denuncia contra Milei y Lugones por el recorte en discapacidad
En el escrito, manifiestan que el ataque de Milei está “inspirado en una ideología de tipo supremacista” sobre la base de “una presunta ‘superioridad estética’ de cierta tipología social” que desprecia la justicia social, la igualdad, los derechos, los adultos mayores y las personas con discapacidad, sobre los que el Presidente hizo especial hincapié desde el primer momento de su mandato “en descalificar y desatender” con “especial saña”.
El agravio contra el colectivo de personas con discapacidad y sus familiares abarcó, además del ajuste en las pensiones, un capítulo en el discurso público del gobierno, cuyo coprotagonista también fue el exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa denunciaba que en la administración previa se habían otorgado beneficios mal concedidos. Para ello, mostró una radiografía de un perro, supuestamente utilizada en un fraude para obtener una pensión. Sin embargo, la denuncia señala que el extitular de ANDIS, Fernando Galarraga, aseguró que la estafa fue detectada y que el beneficio nunca se otorgó.
“Esto no era más que una nueva manipulación de los datos para llevar adelante el doloso propósito de denegar y recortar beneficios al sector”, afirmó el abogado. Adorni actualmente enfrenta denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
En paralelo, mientras se denegaban o suspendían prestaciones en el marco de la auditoría, el Gobierno arremetía contra las personas con discapacidad. Primero, mediante el decreto 843/24 y luego a través de la resolución 187 de enero de 2025, que establecía las nuevas condiciones para acreditar la “invalidez laboral”. En este último caso, las organizaciones denunciaron el uso de lenguaje discriminatorio. La normativa estaba plagada de términos estigmatizantes como “retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este nuevo marco normativo “implica un retorno al modelo médico, viola los derechos a la protección social y a la vida independiente reconocidos en la CDPD, desconoce las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas en sede judicial y atenta contra las múltiples intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas hizo a Argentina para que modificara la regulación en la materia”.
