El Juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavie Pico rechazó este miércoles la medida cautelar con la que la Confederación General del Trabajo (CGT) buscaba frenar el traspaso de la Justicia laboral al ámbito de la Ciudad, que forma parte de la reforma laboral que aprobó el Gobierno durante las sesiones extraordinarias en el Congreso.
En su escrito, la central obrera había apuntando contra los dos artículos de la ley que versan sobre el traspaso, el 90 y el 91, en lo que fue el primer movimiento judicial contra la reforma.
El juez, entre otras cuestiones, dijo que no se advierte “peligro en la demora”.
El de la CGT FUE un un primer movimiento judicial que inaugura la avanzada de la central obrera peronista contra la ley promovida por el Gobierno que introdujo cambios significativos en las condiciones laborales, como modificaciones en la fórmula indemnizatoria o en el modo en que se otorgan las vacaciones.
Contra el fondo de la ley, dicen las fuentes consultadas, la CGT accionaría judicialmente más adelante.
Uno de los aspectos cuestionados en la presentación realizada este viernes se concentra en el artículo 91 de la reforma, que contempla la transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito moldeado por los años de Pro en el distrito y, a priori, menos favorable para los trabajadores.
En rigor, con el texto de la reforma laboral se aprobó el “acuerdo” firmado el 9 de febrero entre el gobierno de Jorge Macri y la administración nacional, por el que se acordó poner en marcha esa transferencia, una deuda que la Ciudad y Nación arrastran desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó un nuevo estatus a la Capital.
El posicionamiento de la central obrera frente a la reforma del Gobierno fue objeto de suspicacias. En distintos sectores creció la sospecha de que la CGT había pactado con el Gobierno mantener a salvo las cajas sindicales más importantes, a cambio de no ofrecer una resistencia abierta a otras modificaciones, más vinculadas con el día a día del trabajador.
