La denuncia por presunta administración fraudulenta en la conducción nacional de la UOM ya es de público conocimiento. El expediente tramita en la Justicia y la discusión institucional está planteada. Sin embargo, lejos de cerrarse, el caso abre una nueva línea de análisis: los movimientos contables registrados dentro de la empresa que administra los fondos sindicales.
La documentación contable hasta julio de 2025 revela un dato político relevante: en la empresa encargada de gestionar recursos provenientes de aportes metalúrgicos figuran pagos por honorarios a Leandro Matilla, actual presidente del PJ de Zárate y dirigente alineado políticamente con el metalúrgico Abel Furlán.
En las planillas aparecen registraciones bajo el concepto “honorarios asesoramiento jurídico” a nombre de “MATILLA LEANDRO ADOLFO (M.M. Servicios Jurídicos)”, con montos que alcanzan cifras millonarias y que no se presentan como una erogación aislada sino como una contratación reiterada.
El punto central no es solamente la existencia de un pago —algo que, en términos formales, podría encuadrarse dentro de un vínculo profesional— sino el contexto en el que se produce:
La empresa que administra los recursos sindicales fue cuestionada por conflicto de intereses.
Los fondos provienen de aportes obligatorios de afiliados metalúrgicos.
El beneficiario de esos honorarios ocupa un cargo político partidario y forma parte del espacio interno alineado con la conducción sindical.
El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa que no se trata del único caso. En la estructura de pagos también aparecen transferencias y honorarios a personas identificadas como cercanas al entorno político de Sol Calle y Abel Furlán. Esto refuerza la discusión sobre el criterio de selección de profesionales y la eventual concentración de decisiones en un círculo político reducido.
En términos institucionales, el interrogante es claro:
¿Existieron mecanismos de transparencia y control para estas contrataciones?
¿Hubo informes técnicos que justificaran los montos?
¿Se implementaron procesos comparativos o licitatorios?
La cuestión ya no se limita al contrato que dio origen a la denuncia. Se amplía al análisis del destino concreto de los recursos administrados por la empresa.
En política sindical, la legitimidad no se sostiene únicamente con mayorías formales. Se sostiene con transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas. Cuando los registros contables exhiben pagos a dirigentes políticamente alineados con la conducción, el estándar de explicación pública debe ser aún más alto.
La Justicia investigará la eventual tipificación penal.
Pero el debate político y ético ya está abierto.
Porque los aportes metalúrgicos no son fondos abstractos.
Son el salario de miles de trabajadores que esperan representación, no opacidad.
Ver esta publicación en Instagram
