Columna: por Eduardo Rivas
En una saga que parece no tener fin, el conflicto electoral en Zárate alcanzó una nueva dimensión cuando cuatro candidatas de Fuerza Patria denunciaron públicamente que sus firmas fueron falsificadas. Lo que comenzó como un simple reacomodamiento de listas se ha transformado en un escándalo que combina fraude electoral, falsificación documental y una crisis política sin precedentes en el distrito.
Los protagonistas del drama: las candidatas que dicen ‘nunca renunciamos’
Tras varios días de silencio de la Junta Electoral respecto a la cautelar dictada por la Justicia, el 14 de agosto pasado se presentaron Gabriela Trupia, Mónica Cabeza, Agustina Medina y Luciana Leiva como terceros afectados por la medida cautelar dictada el 13/08/2025 que modificó la integración de la lista de la alianza Fuerza Patria en Zárate. Su pedido fue contundente: la revocación inmediata de la cautelar, o en subsidio su apelación con efecto suspensivo.
¿La razón de su presentación? Desconocen e impugnan como falsas las firmas en las renuncias atribuidas a las candidatas, y solicitan pericia caligráfica. En términos simples: las candidatas oficializadas por la Junta Electoral afirman que la medida cautelar dictada por la Justicia se basa en una falsedad, ya que se fundamentó en ‘renuncias’ apócrifas que no coinciden con las firmas auténticas de las aceptaciones de cargo, lesionando gravemente sus derechos políticos fundamentales.
La denuncia grave: ‘Alguien falsificó nuestras firmas’
Repetimos porque la denuncia es de una gravedad institucional extrema: Trupia, Cabeza, Medina y Leiva sostienen categóricamente que nunca renunciaron a sus candidaturas y que sus firmas fueron adulteradas. Esto implica que alguien, en algún momento del proceso, falsificó documentación electoral con el objetivo de modificar la composición de las listas.
Esta situación no solo pone en jaque la legitimidad del proceso electoral en Zárate, sino que plantea interrogantes profundos sobre los mecanismos de control de la Junta Electoral y la seguridad jurídica del sistema democrático local.
El Juez Savignano toma cartas en el asunto
Como en toda película taquillera, cuando uno cree que ya vio todo… siempre hay un capítulo más, y en esta oportunidad el capítulo lo aportó el Partido Justicialista con una movida judicial de alto impacto.
Ante esta realidad, ayer el Juez Luciano Savignano decidió tener por presentadas a Trupia, Cabeza, Medina y Leiva como terceras coadyuvantes con el patrocinio del Dr. Mansilla y les concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo, apartándose de la regla general (que suele ser devolutivo en cautelares), debido a la urgencia del calendario electoral y el posible perjuicio irreparable.
Análisis jurídico: el efecto suspensivo y sus implicanciasLa decisión del magistrado de otorgar efecto suspensivo a la apelación es particularmente significativa. En el derecho procesal, las apelaciones contra medidas cautelares suelen tener efecto devolutivo, es decir, no suspenden la ejecución de la medida impugnada. Sin embargo, cuando existe riesgo de daño irreparable y la urgencia del caso lo justifica, los jueces pueden apartarse de esta regla general.
En este caso específico, el calendario electoral opera como factor determinante: si la cautelar se mantuviera vigente y luego fuera revocada por la Cámara, el daño a los derechos políticos de las candidatas sería imposible de reparar, dado que las elecciones ya se habrían realizado.
El dilema político: ¿cómo cohabitar en la mentira?
En síntesis, las candidatas afectadas impugnaron las supuestas renuncias por falsas, pidieron revocar la cautelar y activar investigación penal. El juez las aceptó como terceras coadyuvantes, les concedió la apelación con efecto suspensivo (lo que frena la aplicación de la cautelar) y pidió que informen si denunciaron penalmente y ante la Junta Electoral.
Ante esta realidad que expone gravísimas denuncias, es necesario poder avanzar con claridad sobre lo ocurrido porque los zarateños merecen conocer la verdad. Asimismo, en términos políticos, cuesta imaginar cómo podrán cohabitar, ya sea en una lista electoral o en un espacio político, propuestas tan antagónicas, porque una de las posturas se basa necesariamente en una mentira.
El principio de no contradicción aplicado a la política
El dilema es binario y excluyente: o se falsificaron las firmas o no se falsificaron. No existe una tercera alternativa.
Si se falsificaron las firmas, lo ocurrido es gravísimo y deberá avanzarse en términos penales al respecto. Además, sería imposible cualquier construcción política sobre esta base de fraude documental. ¿Cómo puede un espacio político mantener su credibilidad si algunos de sus miembros han falsificado documentación electoral?
Ahora bien, si no hubo falsificación de firmas, la eventual falsa denuncia por parte de las candidatas es igualmente grave. Acusar falsamente de falsificación documental no solo constituye un delito, sino que destroza la confianza en el sistema político y judicial.
Las implicancias para Fuerza Patria a nivel provincial
Este escándalo trasciende las fronteras de Zárate y puede tener repercusiones en toda la estructura provincial de Fuerza Patria. Con las elecciones provinciales programadas para el 7 de septiembre, un conflicto interno de esta magnitud debilita la imagen de unidad que el espacio peronista busca proyectar.
La crisis de legitimidad que se genera cuando se pone en duda la autenticidad de documentos electorales fundamentales puede extenderse más allá del caso particular, afectando la percepción ciudadana sobre la transparencia del proceso electoral en su conjunto.
El factor tiempo: la presión del calendario electoral
El calendario electoral opera como una presión constante en todo este proceso. Con las elecciones provinciales a menos de un mes, cada día que pasa sin una resolución definitiva incrementa la incertidumbre y puede afectar la participación ciudadana.
La justicia debe balancear la celeridad necesaria para no afectar el proceso electoral con la minuciosidad requerida para esclarecer hechos de tamaña gravedad.
¿Qué viene ahora? Los próximos pasos judiciales
El Juez Savignano ha pedido que las candidatas informen si realizaron las correspondientes denuncias penales y ante la Junta Electoral. Este es un paso clave, ya que:
- La denuncia penal activará la investigación sobre el presunto delito de falsificación documental
- La presentación ante la Junta Electoral permitirá que el organismo electoral tome cartas en el asunto
- La pericia caligráfica solicitada será fundamental para determinar la autenticidad de las firmas
El impacto en la ciudadanía: entre el desencanto y la expectativa
Los zarateños se encuentran en una situación compleja: por un lado, el desencanto natural que genera este tipo de escándalos políticos; por otro, la expectativa de que la justicia esclarezca los hechos y se haga justicia.
Esta situación puede tener efectos duraderos en la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas locales y en la participación electoral futura.
La democracia a prueba
Este caso pone a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas zarateñas. La capacidad del sistema judicial para esclarecer los hechos y la respuesta de los actores políticos ante la crisis serán determinantes para el futuro político del distrito.
La palabra la tiene la Justicia y su respuesta será crucial no solo para resolver este conflicto particular, sino para sentar precedentes sobre cómo se manejan este tipo de situaciones en el futuro.
¿Qué dirá la justicia?
Mientras esperamos la resolución judicial, surgen múltiples interrogantes:
- ¿Se confirmará la falsificación de firmas?
- ¿Habrá consecuencias penales para los responsables?
- ¿Cómo afectará esto a la unidad de Fuerza Patria?
- ¿Podrá realizarse normalmente el proceso electoral?
Mientras tanto, el show continúa
Mientras tanto, seguimos preparando pochoclo, el show continúa. Pero más allá de la metáfora cinematográfica, es importante recordar que detrás de este ‘espectáculo’ están en juego derechos fundamentales, la integridad del sistema electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El caso de Zárate se ha convertido en un laboratorio donde se ponen a prueba los mecanismos de la democracia argentina para hacer frente a situaciones de crisis institucional. Su resolución marcará un precedente importante para situaciones similares que puedan surgir en el futuro.
La democracia zarateña está siendo puesta a prueba, y su respuesta determinará no solo el futuro electoral inmediato, sino la calidad institucional del distrito para los años venideros.
