Argentina enfrenta una crisis de seguridad tras la revelación de un ciberataque masivo que expuso información sensible de unos 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas. La filtración, conocida el 13 de mayo, incluye datos personales como nombres, documentos de identidad, historial académico y viajes oficiales, los cuales fueron puestos a la venta en la dark web.
Ante la gravedad del hecho, la diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto de resolución exigiendo al Poder Ejecutivo —a través del organismo competente— un informe urgente y detallado. El pedido está dirigido a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Defensa, y se basa en los artículos 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y 204 del reglamento de la Cámara de Diputados.
El pedido de informe contiene ocho puntos clave, entre ellos:
* Si el ataque guarda relación con el Memorándum de Entendimiento firmado entre Patricia Bullrich y el ministro británico Dan Jarvis, sobre cooperación en ciberseguridad.
* Qué datos fueron vulnerados y si fueron comercializados.
El memorando con el Reino Unido —firmado apenas semanas antes del ataque— ha generado controversia tanto por su contenido no divulgado como por la elección del socio estratégico: una potencia que ocupa parte del territorio argentino.
Hasta el momento, el gobierno nacional no ha emitido una declaración oficial. El silencio institucional alimenta la inquietud en un contexto en el que los sistemas estatales han demostrado una alta vulnerabilidad.
