La diputada nacional Agustina Propato presentó un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo que podría encender una discusión central sobre el rumbo de la política de seguridad nacional y la soberanía argentina. El foco está puesto en los memorandos de entendimiento firmados entre la ministra Patricia Bullrich y la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en el marco de una visita oficial a Buenos Aires el pasado 28 de julio.
El pedido, registrado bajo el expediente 4146-D-2025, reclama que el Gobierno informe con precisión los términos de los acuerdos, sus implicancias estratégicas, y si involucran aspectos de monitoreo externo sobre las políticas internas de seguridad.
“El Congreso de la Nación no puede ser reducido a una institución decorativa mientras se sellan acuerdos de cooperación con potencias extranjeras sin debate público ni control parlamentario”, argumentó Propato en los fundamentos del proyecto.
El pedido de informes solicita, en concreto:
1. El contenido completo de los memorandos firmados entre Bullrich y Noem.
2. Si el ingreso de Argentina al Visa Waiver Program —el programa de exención de visados estadounidense— incluye como contraprestación una evaluación o auditoría de las políticas de seguridad nacionales por parte de agencias estadounidenses.
3. Si existe cooperación en ciberseguridad, con posible provisión de equipamiento, acceso a información sensible, o nombramiento de asesores extranjeros.
4. Si hay financiamiento, tecnología o personal extranjero involucrado en el refuerzo de fronteras argentinas.
5. Y finalmente, si se incluyen referencias directas al Atlántico Sur, la Antártida Argentina o las Islas Malvinas.
La preocupación no es nueva, pero cobra fuerza: en las últimas semanas, distintas áreas del oficialismo han dejado trascender su intención de redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, una decisión que hasta ahora choca con los límites impuestos por la Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059) y la Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554).
En ese contexto, el perfil político de la funcionaria estadounidense que firmó los acuerdos con Bullrich no pasa desapercibido. Kristi Noem encabeza una línea dura en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afín a las políticas migratorias de control extremo aplicadas durante el gobierno de Donald Trump, incluyendo deportaciones masivas, militarización de fronteras y uso del ejército en conflictos civiles, prácticas limitadas incluso por la propia legislación estadounidense (Ley Posse Comitatus).
“Es legítimo preguntarse si estamos adoptando modelos que contradicen los principios democráticos y legales con los que nos comprometimos como Estado de Derecho”, sostuvo Propato en declaraciones posteriores.
Aunque el anuncio del posible ingreso al programa de exención de visas fue celebrado por algunos sectores —especialmente en el plano turístico y comercial—, para la diputada ese beneficio no puede ir desligado de las condiciones que podría implicar: cesión de soberanía en la definición de políticas internas, acceso a datos sensibles, y monitoreo extranjero sobre organismos de seguridad.
“Estados Unidos no entrega beneficios sin exigencias”, advirtió una fuente parlamentaria que acompaña el pedido. En efecto, el ingreso al Visa Waiver Program suele estar sujeto a acuerdos bilaterales de intercambio de información, estandarización de protocolos de seguridad aeroportuaria y migratoria, y cooperación antiterrorista.
Más allá del contenido específico de los acuerdos, el reclamo apunta también a un modo de gobernar: la ausencia de consulta institucional. Propato señala que estos memorandos —como ya ocurrió en otros casos recientes— se habrían firmado sin intervención previa del Parlamento, sin publicación oficial, y sin evaluación de sus implicancias constitucionales o presupuestarias.
El caso recuerda los cuestionamientos previos a otros convenios bilaterales suscriptos por el actual gobierno, como el memorando entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., que también fue objetado por diversos bloques legislativos.
El pedido de informes deberá ser respondido por el Ministerio de Seguridad y eventualmente por la Jefatura de Gabinete, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento de la Cámara.
Desde el entorno de la diputada aseguran que, de no mediar una respuesta convincente, se avanzará en pedidos de interpelación a los funcionarios responsables y en la conformación de una comisión de seguimiento parlamentario sobre cooperación en defensa y seguridad con potencias extranjeras.
“Queremos claridad, no ambigüedad. Y sobre todo, queremos soberanía, no subordinación”, concluyó la diputada.
